Democracia bajo fuego

Carlos Alarcón, 15-Jun-2010

Qué es lo que está pasando en Bolivia con la democracia? Se encuentra bajo fuego, en vilo, languideciendo:

1. Autoridades electas por el voto popular, de línea opositora al actual Gobierno, acorraladas por actuaciones del Ministerio Público, que están a punto de quedar suspendidas del ejercicio de sus funciones.

2. Legisladores elegidos por el voto popular que, con el nuevo reglamento que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por cuestiones administrativas, quedarían defenestrados, de sus cargos por la omnipotente voluntad del oficialismo.

3. Gobernadores elegidos por el voto popular que terminarán convirtiéndose en adornos decorativos por las recientes instancias creadas por el Gobierno central para el desarrollo de las macrorregiones, siendo que la planificación y desarrollo humano en su jurisdicción es una competencia exclusiva del gobierno departamental (Art. 300 I – 2 – CPE).

Con este panorama, queda claro que los partidos que el Gobierno no logra ganarlos con goles en la cancha, los termina ganando con argucias en las graderías. A la majestuosa revolución democrática cultural, como a toda revolución, le importa un comino la democracia, lo único que le interesa es la hegemonía total y absoluta del poder. 

Para nadie es un secreto, que el actual sistema judicial y fiscal, salvo contadas excepciones que pueden presentarse, es funcional a los intereses del Gobierno, por la sencilla razón de que no existe posibilidad alguna de ingresar, progresar y mantenerse en estos puestos, sino es con el aval y la conformidad de los poderosos de turno.

La cereza de la torta, para algún optimista que todavía tiene esperanza en el desempeño independiente de los cargos judiciales: los Magistrados del Tribunal Constitucional  Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura pueden ser destituidos de sus cargos y enviados a la cárcel, por acusación de la Cámara de Diputados y condena de la Cámara de Senadores.

En estas condiciones, por ejemplo, qué Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, como ocurrió con el tribunal de Colombia, se atrevería a decidir que, sin previa modificación a la actual Constitución, el Presidente del Estado estaría inhabilitado para postular a este cargo en las elecciones del 2015? 

El artículo 234 numeral 4 de la Constitución garantiza el acceso al desempeño de funciones públicas, mientras el servidor público no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento. ¿En lugar de violar  la Constitución para adecuarla a los designios políticos, no sería mejor sancionar leyes que respeten el voto popular, en consonancia con la presunción de inocencia, sin que ello obste a la plena realización de la justicia penal?

¿Es razonable que un Parlamento dominado por el oficialismo retire de sus cargos a legisladores opositores por razones administrativas? ¿El desarrollo humano de las macrorregiones no debería estar a cargo de los departamentos?

Fecha: 15-Jun-2010

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3500&a=1&EditionId=107