Oscar Peña Franco, 29-May-2010

El principio de toda sociedad civilizada, su cimiento irreemplazable, es el respeto a los derechos esenciales con el derecho a la vida como el primero entre todos. En ausencia de esa norma, el caos impera por doquier y la anarquía se hace cargo de la vida.

En medio social semejante, desaparece todo vestigio de solidaridad, los reglamentos de la convivencia se hacen trizas y la justicia se convierte en excusa para consumar abusos. Sin saberlo, el hombre reemprende el camino a las cavernas.

El asesinato de cuatro policías por miembros de los “ayllus guerreros” del norte de Potosí nos golpea con la fuerza irracional de una realidad que no debiera ser de este tiempo pero existe. Existe, ejerce su justicia abominable y mata sin más trámites. Con el agravante de la crueldad sea por medio de torturas en vaya uno a saber qué antros o el vil sistema inquisitorio del fuego criminal encendido en plaza pública.

La acción criminal consumada en Uncía no tiene explicación ni justificativo. Fue un crimen. Que como todo crimen sacude con violencia sísmica nuestros conceptos sobre el valor de la vida. Que como todo crimen tiene que ser castigado. Que obliga a repensar algunas cuestiones fundamentales de nuestro país y nuestro tiempo a fin de rescatar y conservar su carácter de reivindicaciones legítimas, pero admitiendo que se debe fijar con trazo grueso el límite entre sus normas puntuales y las normas de la convivencia universal.

Nos referimos, desde luego, a la justicia comunitaria, en cuyo nombre acaban de ser consumados los crímenes de Uncía. Seguramente, los responsables no son todos los integrantes de esa comunidad, pero los culpables están entre ellos. Hay que identificarlos para que caiga sobre ellos el peso de las leyes cuyo acatamiento es obligación de todos los bolivianos. La justicia comunitaria, que bien entendida y mejor aplicada, es una suma de preceptos consuetudinarios para regir la vida comunitaria en ciertos aspectos y con arreglo a sus especificidades culturales, quedará condenada a su satanización y bastardeados sus fines si muestra su inoperancia para ser ejercida en el marco grande de la ley para todos.

En el análisis de esta tragedia no puede estar ausente el papel de la policía. Los comunarios nor-potosinos, acusados de complicidad con el contrabando de vehículos procedentes de Chile, acusan a su vez a la policía de prácticas reñidas con la ley de las que serían víctimas los lugareños. Tema para la investigación, el esclarecimiento y la ejecución de las acciones legales que corresponda, pero que de ninguna manera justifican los terribles asesinatos cometidos. Nadie ignora las sombras de sospecha que caen sobre la policía, debido a las ya numerosas participaciones comprobadas de uniformados en las actividades del crimen organizado.