El presidente defendió la norma en un acto realizado en el Palacio de Gobierno argumentando que está "orientada a combatir la corrupción" y llamó a los gobernadores a no temerle a su aplicación si no tienen "la mente de robar".

El artículo 8 establece que se podrá suspender a un cargo público cuando sobre él pese una acusación de un juez y eso sin esperar sentencia. El imputado deberá abandonar el cargo y en el caso de que se trate de un gobernador la asamblea legislativa departamental elegirá a un sucesor de entre sus miembros o podrá convocar nuevas elecciones.

Para el oficialismo se trata de la primera etapa de su proceso autonómico para el país pero la oposición no lo entiende así y acusan al gobierno de dotarse de este instrumento legal para deshacerse de los gobernadores de las tres regiones que no controla su partido, la locomotora del país Santa Cruz, Tarija, que es la zona donde hay más reservas de gas y la región ganadera de Beni.

Los tres gobernadores elegidos con más del 40% de los votos el pasado 4 abril están en el punto de mira del gobierno que les acusa de varios delitos relacionados con la gestión de dinero público. La última demanda la ha hecho a Contraloría General que supervisa la legalidad de los gastos públicos contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, a quien le acusan de malversar 30 millones de bolivianos, esto es 4,2 millones de dólares.

"El señor Costas en vez de destinar el recurso para seguridad ciudadana compró 40 camionetas" denunció Lenny Miranda, contralora departamental de Santa Cruz que anunció que iban a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público. Esta denuncia se suma a la del gobierno de Morales que afirma que Costas gastó 10 millones de bolivianos, 1,5 millones de dólares, para organizar un referendo en 2008 que La Paz consideró ilegal.