Enjuiciado: El Gobernador electo de Santa Cruz ya tiene tres procesos. Dice que intentan amedrentarle, desgastar su imagen y meterle preso con la Ley Transitoria.

La Contraloría General del Estado (CGE) sumó ayer dos denuncias más en contra el ex prefecto de Santa Cruz y gobernador electo Rubén Costas por la supuesta compra irregular de vehículos y la adulteración de facturas. Costas dijo que con estas denuncias buscan amedrentarle y advierte que el objetivo del Gobierno es meterle preso con la aplicación de la Ley Transitoria de Autonomías.

Esa entidad presentará la próxima semana una denuncia penal contra Costas, acusado de la compra irregular de un lote de vehículos que generó un daño económico de 30 millones de bolivianos.

El contralor Gabriel Herbas informó ayer en Santa Cruz que la denuncia se presentará a la Fiscalía bajo el delito de "malversación económica por la compra de vehículos" con el argumento de atención de emergencias con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos; "sin embargo, fueron utilizados para la administración central de la Prefectura".

La autoridad descartó que la denuncia tenga un tinte político, sino más bien se trata de sancionar el uso irregular de los recursos del Estado.

En tanto, la contralora departamental Lenny Miranda informó ayer que descubrió 57 facturas falsificadas en un informe de la Prefectura cruceña por un monto de 124.000 bolivianos, las que serán denunciadas ante la Fiscalía.

Explicó que las facturas falsificadas fueron identificaron tras una revisión de los gastos realizados por la Prefectura cruceña con recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos. Miranda aseguró que las facturas ya fueron verificadas y serán presentadas como prueba junto con la denuncia de malversación de 30 millones de bolivianos por parte de la Prefectura cruceña en la gestión del ahora gobernador electo Rubén Costas.

La funcionaria explicó que, de las 57 facturas falsificadas, se "encontró una de 70 bolivianos que es la misma que recibimos de los descargos de la Prefectura con el mismo número y el mismo lugar por un monto de 4.000 bolivianos".

Con estas denuncias, Costas ya tendría tres procesos en su contra porque la Fiscalía cruceña lo investiga por la malversación de fondos en la organización del referéndum para la aprobación del Estatuto Autonómico en mayo de 2008.

En una entrevista con El Deber, Costas afirmó que desde el Gobierno "intentarán amedrentarnos, perseguirnos y desgastarnos para meternos presos".

Aguilera pone fin a su gestión

El prefecto de Santa Cruz, Roly Aguilera, presentó ayer su informe de gestión y el pleno de la Asamblea Legislativa cesante lo aprobó por mayoría. Sin embargo, los asambleístas electos del MAS lo cuestionaron y advirtieron que una vez que entren en funciones lo revisarán en detalle para detectar si hubo irregularidades en los últimos cuatro años y medio.

El salón del ex Consejo Departamental fue escenario de la última sesión de la Asamblea que acompañó la gestión de Rubén Costas y de Roly Aguilera. A la vez, permitió el primer encuentro entre los asambleístas electos de la agrupación Verdes, el MAS y los pueblos indígenas.

En un discurso que duró menos de 15 minutos, Aguilera relievó en su informe la entrega de recursos para la ejecución de proyectos en provincias y pueblos indígenas, además de la aplicación de la fórmula 50-40-10 para la distribución de regalías.

Costas invita a Evo a su juramento

El gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, invitó ayer al presidente Evo Morales a asistir a su acto de juramento, el viernes en la Casa del Gobierno departamental, mientras el acto de posesión oficial del se realizará en Sucre el domingo.

"Quiero proponerle al presidente Evo Morales que venga el viernes a mi posesión, para ver su espíritu democrático. Lo invito al presidente Morales a través de ustedes (periodistas), que esté el viernes en mi posesión, va a tener todas las garantías necesarias. Sería interesante que el presidente Morales pueda asistir a la posesión de este servidor público".

Desde el Gobierno evitaron responder al pedido del Gobernador opositor, pero según el ministro de Autonomías, Carlos Romero, las autoridades departamentales tienen todo el derecho de efectuar los actos simbólicos que consideren pertinentes.

Para el Gobierno, la invitación es un acto informal que no merece mayor atención. "No nos ha llegado ninguna invitación por escrito para considerar si el Presidente va o no al acto. Somos un Gobierno serio, que se maneja dentro de un marco de formalidad; no haremos más comentarios", dijo ayer el viceministro Wilfredo Chávez.