




El proyecto de Ley del Órgano Judicial, que ingresará hoy al pleno de la Cámara de Diputados, prevé la designación de 18 magistrados para el futuro Tribunal Supremo de Justicia (Corte Suprema). En el caso de Cochabamba, los vocales de distritos de justicia aumentaron a 14, al igual que en La Paz a 20 y en Santa Cruz a 18.
Son muchos cambios fundamentales que se han introducido con relación a la anterior Ley Judicial en la búsqueda de facilitar el acceso a la justicia para todos los grupos poblacionales, afirmó la presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara, Cecilia Ayllón (MAS), que comenzó el análisis. El proyecto de 170 artículos pasó a 225.
Ayllón aseguró que, una vez que la Comisión recibió el proyecto, éste fue socializado en un proceso que consistió en difundirlo a varios sectores de la sociedad civil a los que luego se recibió en audiencias públicas y, con las sugerencias hechas, se elaboró el documento final que fue debatido y remitido a la Cámara Baja la semana pasada.
Sin embargo, para la diputada del opositor Plan Progreso Bolivia-Convergencia, Norma Piérola, miembro de la Comisión, la Cámara tratará el proyecto sin que se tomen en cuenta las observaciones realizadas el pasado lunes en Sucre por miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Agrario que, de alguna manera, defienden la existencia del Tribunal Constitucional y que se respete la carrera de los jueces.
Ayllón negó ese extremo y aclaró que, no obstante de haberse remitido la semana pasada, el proyecto final fue llevado ante las autoridades judiciales de Sucre donde se realizó "algún tipo de modificaciones de forma, pero no se cambió la estructura del proyecto".
"Seguramente entrará mañana (hoy) y lo aprobarán en grande. Eso implica que se aprueba el globo, luego la aprobación en detalle. Ahí, hay la posibilidad de introducir esas sugerencias de la forma que han hecho los ministros miembros de esas tres instancias. Casi no es nada, excepto cambio de palabras de redacción, pero en el fondo es lo mismo", aseguró Ayllón.
JUICIOS MÁS CORTOS
La nueva ley suprime tipos de juzgados y jueces, e introduce la oralidad para todos los juicios a fin de acortar procesos. Piérola explicó que los jueces ya no serán de Instrucción ni de Materia, sino jueces públicos. Sólo en materia penal habrá un juez instructor, y se constituirá en una especie de control de lo que hace el Fiscal para dictar sentencias condenatorias.
Piérola explicó que en la nueva Ley se tratará de evitar que los juicios laborales coactivos o ejecutivos lleguen al Tribunal Supremo de Justicia, haciendo que los recursos en el grado de apelación tengan una única instancia, que serán las cortes departamentales, "con excepción de los casos penales y civiles fuertes, que llegarán a la Suprema en calidad de apelación".
CONCILIACIÓN EN CADA JUZGADO
En todos los juzgados, se instalará un secretario conciliador para todos los casos, aunque estas conciliaciones no son válidas en casos de corrupción, violaciones ni violencia intrafamiliar. Además, según Piérola, se le está quitando una potestad al Consejo de la Magistratura que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, siempre fue un órgano disciplinario fiscalizador y de control, además administrativo, pero ahora se está creando una dirección desconcentrada para que maneje los recursos.
Piérola consideró que el proyecto establece más modernización, en sentido de que habrá un buzón electrónico para poner el caso de las apelaciones y no usar al notario.
AUMENTAN VOCALES
Los vocales de algunos distritos de justicia se incrementaron de acuerdo al índice poblacional en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se conservarán los cinco en Pando, ocho en Beni, siete en Oruro y Potosí y ocho en Tarija.
La Ley también prevé un Tribunal Agrario ambiental que tendrá nueve magistrados, quienes se harán cargo de todos los casos de tierras contenciones, posesiones y defensa del medio ambiente. Asimismo, existirá una justicia originaria campesina, de acuerdo a los usos y costumbres, que será implementada en el marco de una ley llamada de Deslinde Jurisdiccional.
La socialización de esta Ley contó con aportes de la Asociación de Magistrados, Colegio de Notarios, Ministerio de Justicia y otros.
INFLUENCIA DEL EJECUTIVO
Piérola destacó que, durante los debates y la socialización del proyecto, no se pudo evitar cierta infiltración del Órgano Ejecutivo, tal es el caso del Defensor de Litigantes, lo cual, en criterio de Ayllón, viene a constituirse en la misma figura que los defensores de oficio y negó que se trate de una intromisión del Gobierno.
Piérola dijo que, a su modo, esta figura es una forma de tuición gubernamental ya que tiene la potestad de instalar oficinas a nivel nacional. "Habrá un representante del Gobierno, lo cual va en contra de lo que se ha establecido como tribunales disciplinarios y jueces disciplinarios. El litigante va a fiscalizar a los jueces y la judicatura", dijo.