La oposición se une contra Ley que afecta a sus gobernadores 
Sucre - Bolivia - Correo del Sur, 17-May-2010
La oposición en Santa Cruz, Beni y Tarija se articula y coordina acciones para emprender una pelea parlamentaria y legal en contra del artículo 8 del proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, en el que propone que los gobernadores que tienen una acusación formal en su contra sean suspendidos de sus cargos temporalmente para ejercer su defensa.
Legisladores, instituciones cívicas y sociales y los gobernadores electos de esos departamentos iniciaron ayer reuniones para definir las acciones que llevarán adelante en contra de la propuesta oficialista; asimismo, decidieron ejecutar medidas conjuntas entre las tres regiones para eliminar ese artículo de la norma.
Los gobernadores electos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija) son los que podrían afrontar sendas acusaciones formales y eventualmente ser suspendidos de sus cargos, ya que en la actualidad existen investigaciones en curso en su contra por malversación de fondos por la realización de los referendos autonómicos en sus regiones, además de otras denuncias por irregularidades que pudieron haber cometido cuando eran prefectos.
La senadora beniana Jeanine Áñez (PPB-CN) indicó que la brigada parlamentaria de su región se reunió la mañana de ayer con representantes de la Prefectura, la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y otras entidades de la sociedad civil para definir acciones en el Legislativo y en el ámbito legal; incluso adelantó que la delegación "se ha planteado la posibilidad de ingresar en una huelga de hambre y en estado de movilización permanente".
"Medidas de presión no están descartadas, no puedo adelantarme a decirles, todavía estamos en proceso de articularnos con los otros dos departamentos".
En la Asamblea Legislativa, agregó, se buscará demostrar que el Gobierno actúa de manera anticonstitucional y, en lo legal, se recurrirá a amparos constitucionales.
Mauricio Paz, vocero de Primero el Beni, frente que lidera Ernesto Suárez, manifestó que en primera instancia se coordinó con la brigada beniana "para que sea esa instancia la que lleve la voz oficial del departamento" y más adelante, añadió, se definirán las medidas legales.
MÁS REACCIONES
La senadora tarijeña María Elena Méndez manifestó que la brigada parlamentaria tiene prevista una reunión el lunes con todas las instituciones de Tarija para evaluar y definir cómo se hará frente a la intención del Gobierno.
Señaló que se impulsarán acciones legales y "se articulará" una lucha conjunta de la tres regiones. Para ello, ya se entablaron contactos con senadores de Santa Cruz, entre ellos Germán Antelo, y también del Beni.
En Santa Cruz, las autoridades departamentales electas se reunieron ayer durante varias horas a puerta cerrada en la Prefectura con legisladores y representantes de instituciones para tomar decisiones. El encuentro continuará hoy.
La senadora cruceña Centa Rek, de PPB-CN, dijo que se emprenderán medidas conjuntas entre todas las instituciones y anunció la presentación de amparos constitucionales y denuncias formales ante organismos internacionales.
GOBIERNO SIGUE CON LA LEY
La senadora tarijeña María Elena Méndez manifestó que la brigada parlamentaria tiene prevista una reunión el lunes con todas las instituciones de Tarija para evaluar y definir cómo se hará frente a la intención del Gobierno.
Señaló que se impulsarán acciones legales y "se articulará" una lucha conjunta de la tres regiones. Para ello, ya se entablaron contactos con senadores de Santa Cruz, entre ellos Germán Antelo, y también del Beni.
En Santa Cruz, las autoAnte la polémica que desató el artículo ocho del proyecto de ley transitoria de autonomías que podría evitar que los gobernadores electos de Santa Cruz y Tarija, Rubén Costas y Mario Cossío, respectivamente, juren y asuman sus cargos, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, aseguró que seguirán con este "mecanismo temporal de interinato" que no vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
"Hay que definir un procedimiento y un mecanismo de suplencia de la autoridad por un interinato. Hemos aplicado por analogía el procedimiento que rige para los alcaldes, cuando una autoridad incurre en una irregularidad y luego hay una acusación formal se la suspende temporalmente para que asuma su defensa y se designa un sustituto temporal, estamos haciendo lo mismo en el caso de los Gobernadores.
ACUSACIÓN NO ES IMPUTACIÓN
La acusación formal a la que se refiere el artículo 8 de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales es la instancia procesal previa al inicio de un juicio oral.
El presidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia, Milton Mendoza, explicó que la acusación formal es la última instancia de un proceso de investigación que se inicia a denuncia formulada ante la instancia jurisdiccional.
De acuerdo con la explicación del Fiscal, los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas; del Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, afrontan denuncias en su contra y no acusaciones formales, por tanto no pueden ser suspendidos de sus cargos. Aclaró también que la imputación es una fase previa a la acusación.
GOBIERNO QUIERE SACAR A COSTAS Y COSSÍO
El Gobierno pretende que los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas y de Tarija, Mario Cossío, no sean posesionados en sus cargos cuando la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales Autónomos que presentó el Ejecutivo.
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, afirmó que esas autoridades no podrán jurar al cargo porque tienen imputación y acusación formal en su contra.
"Así es", respondió cuando fue consultada, ayer, por radio Erbol, si los gobernadores que tienen imputación o acusaciones formales en su contra no podrán jurar ni sumir sus cargos.
"En el caso de Cossío -dijo- tiene cuatro imputaciones formales, estamos a la espera de la autorización de la Asamblea Legislativa para seguir el proceso (...), en el caso de Costas, hay dos procesos pendientes en el distrito judicial de Santa Cruz".
Costas, según la ANF, afirmó que este proyecto de ley sólo busca distraer a la ciudadanía sobre los conflictos que atraviesa el Gobierno y aseguró que asumirá su cargo según establece la ley 4021.
"Nadie va poder inhabilitarme, nadie va poder parar, ni nadie va poder detener que se cumpla el mandato del pueblo, ese mandato que me convierte nuevamente en la primera autoridad departamental".
La ministra indicó que sólo el gobernador del Beni, Ernesto, quien también enfrenta denuncias, no tendría problemas para jurar y asumir su cargo porque su caso está en etapa de investigación.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, consultado sobre el anuncio de su colega de Transparencia, respondió que él no conoce al detalle el estado de los procesos legales de esas tres autoridades, pero precisó que "si hay una acusación formal esto ya implica que estarían con suspensión temporal" sin necesidad de jurar al cargo.
La afirmación de Suxo se contradice con las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien el pasado viernes dijo que "los gobernadores y alcaldes electos están obligados a pedir licencia en caso de tener una causa judicial abierta.
La oposición en Santa Cruz, Beni y Tarija se articula y coordina acciones para emprender una pelea parlamentaria y legal en contra del artículo 8 del proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, en el que propone que los gobernadores que tienen una acusación formal en su contra sean suspendidos de sus cargos temporalmente para ejercer su defensa.
Legisladores, instituciones cívicas y sociales y los gobernadores electos de esos departamentos iniciaron ayer reuniones para definir las acciones que llevarán adelante en contra de la propuesta oficialista; asimismo, decidieron ejecutar medidas conjuntas entre las tres regiones para eliminar ese artículo de la norma.
Los gobernadores electos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija) son los que podrían afrontar sendas acusaciones formales y eventualmente ser suspendidos de sus cargos, ya que en la actualidad existen investigaciones en curso en su contra por malversación de fondos por la realización de los referendos autonómicos en sus regiones, además de otras denuncias por irregularidades que pudieron haber cometido cuando eran prefectos.
La senadora beniana Jeanine Áñez (PPB-CN) indicó que la brigada parlamentaria de su región se reunió la mañana de ayer con representantes de la Prefectura, la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y otras entidades de la sociedad civil para definir acciones en el Legislativo y en el ámbito legal; incluso adelantó que la delegación "se ha planteado la posibilidad de ingresar en una huelga de hambre y en estado de movilización permanente".
"Medidas de presión no están descartadas, no puedo adelantarme a decirles, todavía estamos en proceso de articularnos con los otros dos departamentos".
En la Asamblea Legislativa, agregó, se buscará demostrar que el Gobierno actúa de manera anticonstitucional y, en lo legal, se recurrirá a amparos constitucionales.
Mauricio Paz, vocero de Primero el Beni, frente que lidera Ernesto Suárez, manifestó que en primera instancia se coordinó con la brigada beniana "para que sea esa instancia la que lleve la voz oficial del departamento" y más adelante, añadió, se definirán las medidas legales.
MÁS REACCIONES
La senadora tarijeña María Elena Méndez manifestó que la brigada parlamentaria tiene prevista una reunión el lunes con todas las instituciones de Tarija para evaluar y definir cómo se hará frente a la intención del Gobierno.
Señaló que se impulsarán acciones legales y "se articulará" una lucha conjunta de la tres regiones. Para ello, ya se entablaron contactos con senadores de Santa Cruz, entre ellos Germán Antelo, y también del Beni.
En Santa Cruz, las autoridades departamentales electas se reunieron ayer durante varias horas a puerta cerrada en la Prefectura con legisladores y representantes de instituciones para tomar decisiones. El encuentro continuará hoy.
La senadora cruceña Centa Rek, de PPB-CN, dijo que se emprenderán medidas conjuntas entre todas las instituciones y anunció la presentación de amparos constitucionales y denuncias formales ante organismos internacionales.
GOBIERNO SIGUE CON LA LEY
La senadora tarijeña María Elena Méndez manifestó que la brigada parlamentaria tiene prevista una reunión el lunes con todas las instituciones de Tarija para evaluar y definir cómo se hará frente a la intención del Gobierno.
Señaló que se impulsarán acciones legales y "se articulará" una lucha conjunta de la tres regiones. Para ello, ya se entablaron contactos con senadores de Santa Cruz, entre ellos Germán Antelo, y también del Beni.
En Santa Cruz, las autoAnte la polémica que desató el artículo ocho del proyecto de ley transitoria de autonomías que podría evitar que los gobernadores electos de Santa Cruz y Tarija, Rubén Costas y Mario Cossío, respectivamente, juren y asuman sus cargos, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, aseguró que seguirán con este "mecanismo temporal de interinato" que no vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
"Hay que definir un procedimiento y un mecanismo de suplencia de la autoridad por un interinato. Hemos aplicado por analogía el procedimiento que rige para los alcaldes, cuando una autoridad incurre en una irregularidad y luego hay una acusación formal se la suspende temporalmente para que asuma su defensa y se designa un sustituto temporal, estamos haciendo lo mismo en el caso de los Gobernadores.
ACUSACIÓN NO ES IMPUTACIÓN
La acusación formal a la que se refiere el artículo 8 de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales es la instancia procesal previa al inicio de un juicio oral.
El presidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia, Milton Mendoza, explicó que la acusación formal es la última instancia de un proceso de investigación que se inicia a denuncia formulada ante la instancia jurisdiccional.
De acuerdo con la explicación del Fiscal, los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas; del Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, afrontan denuncias en su contra y no acusaciones formales, por tanto no pueden ser suspendidos de sus cargos. Aclaró también que la imputación es una fase previa a la acusación.
GOBIERNO QUIERE SACAR A COSTAS Y COSSÍO
El Gobierno pretende que los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas y de Tarija, Mario Cossío, no sean posesionados en sus cargos cuando la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales Autónomos que presentó el Ejecutivo.
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, afirmó que esas autoridades no podrán jurar al cargo porque tienen imputación y acusación formal en su contra.
"Así es", respondió cuando fue consultada, ayer, por radio Erbol, si los gobernadores que tienen imputación o acusaciones formales en su contra no podrán jurar ni sumir sus cargos.
"En el caso de Cossío -dijo- tiene cuatro imputaciones formales, estamos a la espera de la autorización de la Asamblea Legislativa para seguir el proceso (...), en el caso de Costas, hay dos procesos pendientes en el distrito judicial de Santa Cruz".
Costas, según la ANF, afirmó que este proyecto de ley sólo busca distraer a la ciudadanía sobre los conflictos que atraviesa el Gobierno y aseguró que asumirá su cargo según establece la ley 4021.
"Nadie va poder inhabilitarme, nadie va poder parar, ni nadie va poder detener que se cumpla el mandato del pueblo, ese mandato que me convierte nuevamente en la primera autoridad departamental".
La ministra indicó que sólo el gobernador del Beni, Ernesto, quien también enfrenta denuncias, no tendría problemas para jurar y asumir su cargo porque su caso está en etapa de investigación.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, consultado sobre el anuncio de su colega de Transparencia, respondió que él no conoce al detalle el estado de los procesos legales de esas tres autoridades, pero precisó que "si hay una acusación formal esto ya implica que estarían con suspensión temporal" sin necesidad de jurar al cargo.
La afirmación de Suxo se contradice con las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien el pasado viernes dijo que "los gobernadores y alcaldes electos están obligados a pedir licencia en caso de tener una causa judicial abierta.
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