Los mallkus del norte potosino temen ser detenidos por el linchamiento de cuatro policías en Cala Cala, en caso de presentarse en La Paz, por lo que decidieron permanecer en sus comunidades. Mientras, el fiscal potosino Sandro Fuertes llegó ayer a Uncía donde anunció que la comisión investigadora de los hechos presentará los resultados iniciales de su trabajo dentro de unos 20 días.
Las máximas autoridades de los ayllus de Uncía anunciaban su llegada a La Paz para el pasado lunes para reunirse con las autoridades del Ejecutivo y el presidente Evo Morales y transmitirles las decisiones adoptadas por las comunidades, entre ellas: no permitir la investigación de la muerte de los cuatro policías y exigir la legalización de los autos indocumentados que hay en esa región.
El 23 de mayo pasado, cuatro efectivos de la Policía orureña fueron atrapados por comunarios de dos ayllus cuando cumplían una misión oficial y viajaban en un motorizado secuestrado en Oruro. Los campesinos aseguraban que eran ladrones y asesinos, por eso, los lincharon.
Feliciano Grabiel, mallku de la Federación de Ayllus Indígena Originarios del Norte Potosino, explicó ayer que "existe susceptibilidad de los hermanos, eso yo digo, porque sí, ellos creen que pueden ser arrestados por la Policía".
Los dirigentes de los ayllus acotó que se reunirán en Llallagua, aunque no señaló cuándo lo harán, para decidir su traslado a la ciudad de La Paz.
Los comunarios, aclaro, que no desean que se regularice a todos los vehículos indocumentados que circulan por la región, sino que cada caso debe ser sometido a análisis para hacer la regularización correspondiente.
El fiscal potosino llegó ayer a Uncía para entregar un vehículo al Ministerio Público local para que sea empleado por los investigadores. En declaraciones a la radio local no sólo anunció que en 20 días se conocerán los resultados iniciales de la indagación, sino que se aclararán los siete asesinatos atribuidos por los campesinos a los uniformados.
Piden cárcel para los Marca
Alrededor de un centenar de comunarios de Llanga Belén marcharon ayer por las calles de Sica Sica, capital de la provincia Aroma, en demanda de que los seis integrantes de la familia Marca Moya, desterrados de esa comunidad, sean procesados por la justicia ordinaria y encarcelados, según informó un funcionario edil de ese municipio.
La fuente reveló que los manifestantes portaban pancartas que exigían justicia contra los "cogoteros", pues éstos habrían sido sobreseídos en un proceso al que se los sometió.
En aplicación de la justicia comunitaria, los comunarios expulsaron a esa familia de Llanga Belén a golpes, pedradas y chicotazos el pasado lunes. Los acusan de varios delitos y asumieron esta decisión ante la ausencia de la justicia ordinaria.
La Asamblea Originaria del poblado aprobó, el 12 de junio, un voto resolutivo que establece el "destierro" de la familia Marca.
LA PENA DE MUERTE
Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente, pedagogo y literato, y Felipe Quispe Huanca, historiador y ex secretario ejecutivo de la Confederación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, discrepan sobre la aplicación de la pena de muerte en la justicia comunitaria.
Mientras Cárdenas asegura que esa figura no existe en la justicia indígena, que es preventiva y educativa, Quispe dijo que la pena máxima se aplica a los multirreincidentes.
Cárdenas comentó que en la nueva Constitución, al haber equiparado la justicia ordinaria con 36 versiones de la originaria, se ha eliminado la apelación, que es uno de los principios de la justicia. "Uno no puede apelar a una instancia mayor", dijo.
Fecha: 16-Jun-2010
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