La Cámara de Diputados aprobará la nueva Ley del Órgano Judicial que deja al menos dos puertas abiertas para la injerencia del poder político que, a juicio de la oposición, no garantiza la independencia del tercer poder del Estado.

Las bancadas del oficialista MAS y las opositoras Concertación Nacional (CN) y Unidad Nacional (UN) que retornaron ayer al debate para la aprobación en detalle de los 226 artículos, determinaron a las 18:30 horas ingresar a un cuarto intermedio hasta hoy, para proseguir con la sesión.

El jefe de bancada de CN, Mauricio Muñoz, informó ayer que su partido hizo conocer 19 observaciones de fondo, entre ellas, la del Defensor del Litigante que se constituye en un brazo operativo del Órgano Ejecutivo para la persecución a fiscales, jueces y magistrados que, eventualmente, puedan fallar en contra del Estado.

Según el artículo 212, "se crea el Defensor del Litigante, dependiente del Órgano Ejecutivo como una unidad especializada que tendrá atribuciones para hacer seguimiento y velar por el buen desarrollo de los procesos disciplinarios y penales contra autoridades judiciales. El Defensor podrá instalar oficinas en todos los departamentos del país".

Muñoz sostuvo que esta figura será una especie de "gestapo" que amedrentará y perseguirá como en la época de Adolfo Hitler a los vocales, magistrados, fiscales y todo funcionario público que no comulgue con los ideales del MAS y del presidente Evo Morales.

"Si bien a la fecha, el Ejecutivo tiene de rodillas al Órgano Judicial, su pretensión es en diciembre de manera democrática consolidar este poder, a parte de esto, hay un control de poder posterior a la administración de justicia. Esto significa (...) que si no obedeces al proceso de cambio y no persigues a los opositores, inmediatamente se abre un proceso disciplinario y el Defensor, que será un empleado de Evo Morales, hará que al pobre Juez lo expulsen con ignominia", manifestó.

La ex jefe de bancada del MAS, Rebeca Delgado, sostuvo que el debate decidirá sobre el Defensor del Litigante que no es más que la actual Defensa Pública dependiente del Ministerio de Justicia, que asiste a las personas sin recursos económicos suficientes para enfrentar un eventual juicio.

Otra discrepancia profunda es la selección de pre candidatos al cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. La oposición pidió que en la Ley se incorporen ciertos criterios básicos de selección de los profesionales más capaces e idóneos para la administración de la justicia que caerá en manos de los futuros magistrados.

El jefe de bancada de UN, Jaime Navarro, afirmó que el MAS se resiste a incorporar esos criterios, lo que hace suponer que hay intencionalidad del gobierno de interferir el funcionamiento del Órgano Judicial.

Similar criterio expresó el diputado Muñoz quien dijo que la experiencia muestra que el MAS, aprovechando los dos tercios que tienen, pone los criterios de calificación y puntaje fuera de norma como el sindical.

"Nuestro temor es que cuando el pueblo de Bolivia asista a votar, tenga cinco opciones, todos masistas, preseleccionados por los dos tercios del oficialismo o comprometido con el ideal político. Esta es una puerta por donde el Ejecutivo puede meter mano a la justicia", sostuvo.

Empero, ambos celebraron que el Tribunal Constitucional se mantenga como parte del Órgano Judicial, y no de manera independiente, como quería el MAS para abrir espacios a una injerencia política, aunque anunciaron que el siguiente debate será en definir los criterios de selección.

JUSTICIA INDÍGENA

Por otra parte, dijo que el MAS insiste en consolidar poder a la justicia indígena originaria campesina para que sus decisiones, lo que en la justicia ordinaria se llaman fallos, sean acatadas por toda autoridad pública o persona, además, otorga facultades para que cualquier boliviano, sin ser parte de una determinada comunidad, sea ajusticiado y sentenciado sin vivir en ese lugar.

"Ahora nuestra duda es que si un indígena comete delito en la ciudad y vuelve a su comunidad, cuál justicia se aplicará, la ordinaria o los usos y costumbres", aseveró Muñoz al poner de ejemplo el caso de Félix Patzi que fue sorprendido ebrio conduciendo un auto en la ciudad de La Paz. La justicia boliviana le quitó la licencia de por vida; la comunitaria le castigó con 1.000 adobes. Perdonado ¿Cuál vale?, preguntó.

La Ley del MAS dispone que la jurisdicción indígena se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial y están sujetos los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. Se aplicará a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena. Sin embargo, la ley da a conocer que para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de las autoridades competentes del Estado.