El Movimiento Al Socialismo propone la creación del Defensor del Litigante, instancia que dependerá del Ejecutivo y cuya función será la de controlar los procesos disciplinarios de los administradores de justicia.

Esta propuesta está contenida en el artículo 212 del proyecto del Ley del Órgano Judicial presentado por el oficialismo y que ayer comenzó su tratamiento en una sesión marcada por los gritos y la protesta de la oposición, que pedía que el debate se postergue para el lunes 31, lo que fue rechazado, y los legisladores comenzaron su tratamiento en grande.

La diputada Norma Piérola (PPB-CN) observó la creación del Defensor del Litigante porque se le atribuye las mismas facultades del Consejo de la Magistratura y depende del Ejecutivo.

"Es nada más que tratar de supeditar al Órgano Judicial a través del Ejecutivo porque este Defensor del Litigante va a depender exclusivamente del Ejecutivo".

El artículo 212 de esa norma señala que "se crea el Defensor del Litigante, dependiente del Órgano Ejecutivo, como una unidad especializada que tendrá atribuciones para hacer seguimiento y velar por el buen desarrollo de los procesos disciplinarios y penales contra autoridades judiciales". Se dispone que habrá oficinas en los nueve departamentos.

Piérola dijo que este punto también es observado por la Corte Suprema de Justicia, que hizo conocer ésta y otras observaciones el lunes anterior en un taller que se realizó en Sucre, al que asistieron los miembros de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.

La legisladora opositora sostuvo que esas observaciones no fueron tomadas en cuenta por el MAS, por lo que remitió una nota a la Presidencia de Diputados solicitando la postergación del tratamiento del proyecto hasta el próximo lunes, tomando además en cuenta que la presidenta de la Comisión, Cecilia Ayllón (MAS), al igual que ella y otros legisladores se encontraban en su semana regional y el debate sería delegado a los suplentes. Esta solicitud fue la causa por la que la sesión de ayer comenzara con gritos y reclamos.

La oposición observa además el número de miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que serán nueve titulares y nueve suplentes. Su colega Adrián Oliva (PPB-CN) cuestionó que dentro de lo que es la cesación de funciones de los jueces, esto se lo haga a simple denuncia.

El diputado Antonio Franco (UN) adelantó que su partido propondrá que que las asambleas departamentales puedan hacer una preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y esa nómina se la entregue a la Asamblea Legislativa. La Constitución señala que esta instancia es la que se encargará de hacer la preselección de postulantes para entregar una nómina al ente electoral.

En el proyecto de ley se plantea la institución de jueces disciplinarios que dependerán del Consejo de la Magistratura.

No obstante, a las observaciones planteadas, la diputada Piérola destacó la creación de la etapa de conciliación y dijo que esta ley es viable.

El diputado Javier Zavaleta (MSM) destacó que esta norma jerarquiza las competencias de la justicia ordinaria, la Agroambiental, la originaria-indígena y crea una especial. Adelantó que la Comisión Mixta de Justicia Plural de ambas cámaras trabajará en un reglamento o resolución, que establecerá los requisitos que deben cumplir los candidatos a autoridades judiciales para asumir funciones.

Alistan comicios judiciales

El oficialismo prevé que una vez que se promulguen las leyes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, se procederá "inmediatamente" a la convocatoria de postulantes para ser autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Constitucional, para el Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura, que la Constitución establece que deben ser elegidos por sufragio universal.

El diputado Javier Zavaleta (MSM) dijo que por la importancia que tendrá la elección de las autoridades judiciales, no se puede perder mucho tiempo. En ese sentido, mencionó que hasta la primera semana de septiembre, el nuevo Órgano Electoral Plurinacional (OEP) puede estar convocando a elecciones, luego de que la Asamblea Legislativa realice la preselección y la selección de postulantes.